El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá justificar en un plazo de 15 días el origen y la evolución de parte de su patrimonio y el de su grupo familiar, a raíz de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La intimación fue presentada este lunes por la Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ante el juez Ariel LIjo y está contenida en un dictamen de 207 fojas. La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se atribuyó a Adorni la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito debido a gastos que, según la presentación, serían “prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público”. La denuncia tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento. Según el dictamen, el análisis de la prueba permitió estructurar una intimación en 20 puntos concretos que Adorni deberá responder. El desfasaje entre ingresos y gastos Uno de los principales datos que surge de la investigación es la diferencia entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período bajo análisis. La Fiscalía estableció que entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. En conjunto, esos ingresos ascendieron a $229.752.283,20. Sin embargo, durante el mismo período el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, entre seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito. La diferencia detectada por la Fiscalía es de $43.068.549. El dictamen señala que esos gastos, confrontados con los ingresos lícitos comprobados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”. A eso se suma otro dato: la investigación reconstruyó desembolsos por US$402.578,12, destinados, entre otras cosas, a viajes, alquileres, la compra y refacción integral del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles. La Fiscalía también puso bajo la lupa las declaraciones de dólares en efectivo realizadas por Adorni y las operaciones consignadas bajo el concepto “venta de activos”, además del origen de las divisas utilizadas para distintos gastos, entre ellos viajes al exterior. Los 20 puntos que Manuel Adorni deberá justificar La intimación fiscal detalla uno por uno los aspectos que deberán ser explicados. Adorni deberá explicar el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en sus declaraciones juradas. Tendrá que precisar qué activos fueron vendidos, cuándo, a quiénes, por qué montos y cuál fue la trazabilidad bancaria, registral o bursátil de esas operaciones. También deberá aportar el respaldo documental de las rectificaciones realizadas. Deberá acreditar la existencia de los mutuos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, su fecha cierta, la efectiva entrega del dinero, el destino de esos fondos y cómo evolucionaron las obligaciones. La Fiscalía le exige que explique cuál fue la fuente de los fondos utilizados para adquirir el vehículo. Deberá justificar el origen del dinero utilizado para comprar el lote 380 del Country Indio Cuá, incluida la tasa de ingreso al emprendimiento. También deberá explicar por qué el terreno y la vivienda de dos plantas construida allí figuran a nombre de su esposa. Uno de los puntos centrales es la refacción integral de la vivienda del Country Indio Cuá. La Fiscalía señala específicamente los u$s245.000 abonados al contratista Matías Tabar por esos trabajos y exige individualizar el origen de cada suma y presentar recibos y demás documentación respaldatoria. También deberá explicar de dónde salieron los fondos utilizados para pagar los muebles del inmueble ubicado en Miró 550, operación que, según el dictamen, fue abonada en dólares y en efectivo. Adorni deberá justificar el origen de los fondos empleados para adquirir ese inmueble y explicar la naturaleza y las condiciones de la operación. La Fiscalía reclama información sobre los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las ganancias y sobre los bienes recibidos por herencia, legado o donación. Deberá precisar en cada caso la fuente, el instrumento, la fecha y la persona de la que provinieron. El punto es especialmente relevante porque, según el dictamen, se trata de partidas “con las que se pretende explicar el grueso del incremento patrimonial comprobado”. Deberá explicar el origen del dinero, tanto en pesos como en moneda extranjera, utilizado para pagar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares. Otro de los puntos bajo análisis es la utilización reiterada de personas del entorno de Adorni para adquirir bienes o afrontar pagos por él y su grupo familiar. La Fiscalía quiere saber por qué se utilizó ese mecanismo, qué bienes o servicios fueron adquiridos, cuánto se pagó, cuándo y de dónde salió el efectivo con el que luego se reintegraron esas operaciones. Adorni deberá brindar el detalle de su operatoria con criptoactivos y, particularmente, explicar el origen del capital con el que comenzó a operar. La Fiscalía señala que en declaraciones juradas rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales y que, además, un informe de la SIFRAI vinculó al exfuncionario con otros activos virtuales. Deberá explicar cómo concilia el nivel de gastos y movimientos financieros registrado en sus cuentas —en especial la cuenta sueldo del Banco Nación y las cuentas de su esposa—, sus tarjetas de crédito y sus billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar. La Fiscalía puso el foco en 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por más de $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas. También detectó 16 facturas de una empresa por más de $2 millones, cuyos pagos no coinciden con los importes de los comprobantes. Adorni deberá explicar si esas operaciones efectivamente

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