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La sentencia de cadena perpetua impuesta en Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, no solo cerró uno de los procesos judiciales más relevantes contra el narcotráfico, sino que volvió a colocar bajo los reflectores la controversia sobre las circunstancias de su captura y las consecuencias que ésta ha tenido para la seguridad en Sinaloa.

A dos años de la detención del capo, el gobierno mexicano continúa exigiendo explicaciones a Washington sobre el posible involucramiento de agencias estadounidenses en una operación que derivó en una profunda fractura dentro del Cártel de Sinaloa y desencadenó una ola de violencia que aún no logra ser contenida.

La captura que sigue generando cuestionamientos

El 25 de julio de 2024, “El Mayo” Zambada llegó a territorio estadounidense a bordo de una aeronave que aterrizó en Texas. Posteriormente, el propio narcotraficante sostuvo que fue llevado contra su voluntad por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Desde entonces, el gobierno mexicano cuestionó la versión oficial de Estados Unidos, que aseguró que sus agentes no participaron en la captura del líder criminal.

Durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se solicitaron informes para esclarecer lo ocurrido; sin embargo, las respuestas no disiparon las dudas sobre el papel de las autoridades estadounidenses.